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EL CARACAZO
El Caracazo o Sacudón, fue un movimiento popular que surgió en Venezuela debido al descontento del pueblo y en rechazo a las medidas económicas impuestas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Tal movimiento inició como una serie de fuertes protestas y disturbios el día 27 de febrero de 1989 y terminó el 8 de marzo del mismo año.
El nombre de este movimiento proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, pero fueron iniciados en Guarenas (ciudad ubicada a 25 km al este de Caracas).
A tempranas horas de la mañana del día 27 de febrero iniciaron las protestas en Guarenas, mientras en Caracas decenas de pasajeros se concentraron desde avenida Lecuna hasta la avenida Bolívar, debido a las nuevas tarifas impuestas por los choferes de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire, las cuales eran mucho más elevadas que las aprobadas por el gobierno. El pasaje pasó de 6 a 18 Bs.
El número de manifestantes aumentó durante el transcurso del día, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. En diversas zonas de la ciudad hubo saqueos y algunos autobuses fueron quemados. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el abuso, la brutalidad y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, tornándose cada vez de forma más violenta. Por su parte, la Policía Metropolitana tenía la orden de reprimir a los manifestantes.
En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
28 DE FEBRERO: LA MASACRE
En horas de la madrugada del 28 de febrero de 1989, se desató una ola de saqueos en los diversos sectores de la ciudad. El poder ejecutivo de Carlos Andrés Pérez, suspendió las garantías constitucionales, cuyo anuncio fue hecho por el Ministro de Defensa Italo del Valle Alliegro . . El derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidos durante 10 días.
El Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.
El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Pero al caer la noche inició el toque de queda más sangriento de la historia de Venezuela. Las Fuerzas Armadas Nacionales, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana reprimieron a los ciudadanos, que al no contar con una dirigencia, ni planes y objetivos precisos “fueron reducidos en una semana mediante la más sangrienta represión”.
En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.
El 2 de marzo, es decir, cuatro días después de iniciadas las protestas, a las puertas de la morgue de la ciudad fue fundado bajo la coordinación de Enrique Ochoa Antich, exdiputado y para entonces Coordinador del Comité para los Derechos Humanos, el Comité por los Desaparecidos y las Víctimas Inocentes que luego cambiaría su nombre por el de COFAVIC (Comité de los Familiares de las Víctimas). Fue este Comité el que informó a los medios nacionales e internacionales de las dimensiones de la violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del Estado venezolano durante los sucesos.
Según la cuestionada cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos del 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados a consecuencia de una solicitud a los tribunales realizada por el Coordinador General del Comité de Familiares de las Víctimas Enrique Ochoa Antich, por la posterior aparición de diversas fosas comunes halladas en el Cementerio General del Sur, entre las que destacaba la fosa común conocida como La Peste, en la cual aparecieron 68 cuerpos sin identificar que no estaban incluidos en la lista oficial.
Hay un número de muertos no calculado, organismos de Derechos Humanos hablan de miles, aunque nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), sobre este tema. El COFAVIC determinó con identificación exacta de las víctimas (cédula de identidad, nombre y apellido, circunstancias de la muerte) un número de 380 que siempre se consideró parcial (la lista fue entregada al Ministerio Público). La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital.
En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y más de 3.500 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Italo del Valle Alliegro contaba poco más de 300.
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Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Cabe mencionar, que 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
El Caracazo culminó el 8 de Marzo de 1989 y la consecuencia evidente fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos, pero hacia la derecha. El 7 de marzo se había decretado la liberación de precios, volviendo más caros los alimentos. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989; lo cual permitió un respiro democrático.
La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la "clase" política y del Bipartidismo tradicional y el paquete de medidas aplicado, tuvo como consecuencia una gran falta de legitimidad del Gobierno de turno y un descontento popular mayoritario.
En conclusión, para los venezolanos "El Caracazo" o “El Sacudón” fue el día en que el pueblo "bajó de los cerros", como se le conoce a los barrios más humildes de la capital. Es bueno recordar que el comandante Hugo Chávez quien para ese momento se encontraba destacado en el Fuerte Tiuna, describió lo que vio aquel 27 de febrero de 1989, como un día que quedó en la historia de Venezuela. El día en que el pueblo de uno de los países más ricos del mundo, la quinta reserva mundial de petróleo, se levantó contra un sistema que lo había sumido en la pobreza y la desesperanza. No podemos olvidar que en Venezuela el 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza, así como se encuentra en estos momentos y peor aún, bajo un régimen dictatorial.
En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre.