La legislación cultural venezolana se encuentra dispersa en numerosas leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones e instructivos producidos por diferentes organismos del país. Muchas de estas disposiciones legales son contradictorias entre sí, otras están destinadas a una determinada región sin abarcar todo el espacio geográfico. El universo cultural que es de por sí variado, por poseer campos con diversidad de contenidos aún no cuenta con un cuerpo que unifique las diversas disposiciones que la regulan, no existe un texto legal que abarque una totalidad temática coherente.
Las acciones de conservación y legislación en pro del rescate del patrimonio cultural son de reciente desarrollo. En la actualidad no se ha logrado un acuerdo satisfactorio en la definición y ejecución de políticas en el área de su protección, aunado a ello diversas causas han apuntado a su destrucción. Romero (2006) cita, entre otras la modernización, el aumento de la población, la falta de valoración y apego de la sociedad, junto a un inadecuado marco jurídico que ha afectado su integridad, parte del cual se ha demolido durante el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI.
En efecto, estas características tienen como consecuencia que la mayor parte de esta normativa sea casi totalmente desconocida y también que cada día se sigan elaborando otras normas sin estudio previo de la realidad cultural que las justifique y a la vez asegure su factibilidad y conveniencia .La nueva Constitución, que consagra los principios que protegen la actividad cultural, hace cada día más urgente agrupar toda esta legislación dispersa que proteja nuestro patrimonio cultural, que ha sido hasta hace poco tiempo confundido con una serie de bienes, desprotegido y mermado.
Es así como, el Patrimonio Cultural de un pueblo, nos dice la UNESCO, en su declaración de 1982:
“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es
decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese
pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la
literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas."
Y en cuanto al concepto de marco legal la DANA (2011) plantea que:
“Son las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones”.
Es por ello que, la Constitución de la República Bolivariana en sus artículos 98, 99 y 100, acoge el concepto de la Unesco al incorporar la cultura popular como un valor cultural y consagra su protección especial y tratamiento igualitario con la creación de los artistas, científicos y sabios.
Conscientes de que el problema cultural va mas allá de promulgar nuevas leyes, es por lo que se hace necesario incluir en un proyecto, de estudio, elementos que contribuyan a sensibilizar a la ciudadanía hacia la actividad cultural, porque esta actividad es capaz no sólo de elevar el perfil cultural del venezolano sino también a proteger nuestro patrimonio histórico, artístico y tradicional.
En consecuencia, una de las vías para lograr la organización de los textos legales que se refieren a la cultura debe ser a través de las Universidades en cumplimiento de su papel de productoras de conocimiento y protectoras del patrimonio nacional. Una forma sencilla y eficaz de realizarlo será la creación de cursos y Seminarios sobre la materia.
En este trabajo se pretende dar a conocer la evolución del marco legal en el ámbito cultural, los esfuerzos internacionales y principalmente en nuestro país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, a fin de lograr Historia y patrimonio
una mejor práctica profesional y gubernamental con el único propósito de conservar y preservar el patrimonio arquitectónico.